El fundador de Megaupload, Kim Schmitz, conocido también
por Dotcom, requerido por Estados Unidos por supuesta piratería
informática, rehúsa dar las contraseñas de los ordenadores que le
decomisaron, informaron este martes medios neozelandeses.
El
informático de 38 años, quien se encuentra en libertad condicional,
compareció ante el Alto Tribunal de la ciudad de Auckland para pedir la
revisión judicial de la orden utilizada para confiscar todos sus
aparatos electrónicos en enero pasado, según Radio Nueva Zelanda.
Su
abogado Paul Davison argumentó en esta vista que en el operativo de
enero se decomisaron unos 135 dispositivos electrónicos, muchos de ellos
irrelevantes al caso y que solamente contenían archivos personales como
vídeos familiares.
Pero otros aparatos personales de Dotcom contienen información relevante al caso, aunque está codificada.
Por
su lado, la Fiscalía, que actúa en representación del Gobierno de
Estados Unidos, busca acceso a la información, pero Dotcom solo
proporcionará las contraseñas a cambio de que se cumplan ciertas
condiciones, manifestó Davison, en este proceso judicial que culmina
mañana.
Dotcom busca que el acceso a sus archivos sean
supervisados judicialmente, que se le entreguen copias digitales de sus
archivos, así como la protección legal de la información privilegiada y
personal, según el portal neozelandés de noticias Stuff.
El
informático alemán y otros tres informáticos detenidos en Nueva Zelanda
afronta en agosto próximo un proceso de extradición a Estados Unidos,
país que quiere juzgar a siete ejecutivos de Megaupload por diversos
delitos por piratería informática, crimen organizado y blanqueo de
dinero.
Dotcom y los otros tres directivos de Megaupload fueron
detenidos el 20 de enero pasado en Auckland dentro de un operativo
internacional contra la piratería informática emprendido por Estados
Unidos, que también implicó detenciones en Europa, el cierre del portal y
la confiscación de sus bienes.
El portal clausurado está acusado
en Estados Unidos de daños a la propiedad intelectual de al menos 500
millones de dólares (390 millones de euros) y de haber recaudado de
manera ilícita más de 175 millones de dólares (137 millones de euros).
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